Democracia semidirecta y nuevas instancias de participación.

En la Argentina rige una democracia representativa o indirecta. Es por eso que el pueblo, según el artículo 22 de la Constitución de la Nación, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes y autoridades. El lazo de conexión entre el representado y el representante queda legitimado formalmente a través del voto. Sin embargo, desde hace unas décadas, ese lazo que ligaba a ambas partes fue desgastándose. La retirada del Estado en diversas áreas de la vida y el consiguiente avance del mercado, la economización de la administración pública, las terribles dictaduras militares, la banalización de la política, reiterados hechos de corrupción, y las consecuentes crisis económicas y sociales, generaron, entre otras secuelas, una fuerte apatía por la política y un gran desgaste en el lazo de representación.  Estos fenómenos y sus consecuencias que parecieran dar cuenta de la historia de la Argentina, fueron también característicos de la región y de una gran parte del mundo. Para tratar de revertir esta tendencia, los gobiernos pusieron en práctica mecanismos de participación ciudadana en las decisiones del Estado como los referéndums, las consultas populares, etc. que quedaron plasmados, en Argentina, en la reforma constitucional de 1994 y en las consecuentes constituciones provinciales.

En la Carta Magna de la nación, se incluyeron algunos mecanismos de democracia semidirecta. Uno de ellos, la iniciativa popular, consiste en la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación. Reglamentada por la ley 24.747, se requiere de la firma de no menos del 1,5% del último padrón electoral y deberá representar por lo menos a seis distritos electorales.

Otro de los mecanismos incorporado a la Constitución Nacional es la consulta popular de un proyecto de ley que puede ser vinculante, es decir que si el resultado de la consulta es afirmativo lo convertirá en ley y se promulgará automáticamente, o no, siendo solamente de consulta y el voto no obligatorio.

La provincia de Buenos Aires, por su parte, ha incorporado a su nueva Constitución la iniciativa popular y la consulta popular. Además, incorporó otro mecanismo de participación ciudadana a nivel municipal denominado Asamblea de Concejales y de Mayores Contribuyentes. La Asamblea está conformada por los concejales y por un número igual de mayores contribuyentes (quienes pagan anualmente impuestos municipales que en conjunto excedan los $200). Por la desactualización del monto, hoy cualquier persona que pague normalmente sus impuestos puede ser considerada “mayor contribuyente”. La Asamblea tiene por finalidad aprobar todo aumento o creación de impuestos o contribuciones de mejoras.

A estos mecanismos de democracia semidirecta nombrados en la Constitución de la Provincia, algunos municipios han sumado en los últimos años otros más novedosos y que su puesta en práctica sólo repercute dentro de sus límites. Algunos ejemplos son el presupuesto participativo y la banca abierta. El primero consiste, a grandes rasgos, en asignar una porción del presupuesto municipal para que la ciudadanía decida cuál será el o los destinos de esos fondos. El presupuesto participativo, al abrir otra instancia de participación, genera mayor participación y compromiso de la ciudadanía. Pero, al mismo tiempo, si las decisiones de la ciudadanía no son tomadas en cuenta, esta instancia de participación se deslegitima y un nuevo intento por volver a encantar a la sociedad con los quehaceres públicos se vería dañado.

La banca abierta consiste en brindar un tiempo de exposición a los vecinos para que expongan problemáticas, propuestas, opiniones, etc. dentro del Honorable Concejo Deliberante. Su presencia no implica tener derecho a voto. Varios municipios bonaerenses ya han puesto en práctica este mecanismo satisfactoriamente y el efecto en la sociedad fue realmente bueno.

Las formas de democracia semidirecta, las existentes en la Constitución y las nuevas, son instancias importantísimas para involucrar a la sociedad en los quehaceres públicos. Son herramientas que tiene el Estado para incentivar a la ciudadanía a que se involucre y revitalice el debate público. Sin embargo, la enunciación de un mecanismo de democracia semidirecta en una ley u ordenanza no es condición suficiente para su éxito. Es necesario que los gobiernos se esfuercen para llevarlos a la práctica y mejorarlos. Así, la sociedad tiene un nuevo canal para ser oída por los gobiernos, y éstos para legitimar sus políticas y estar “más cerca” de aquella.